Dal Pozzo Advogados ha sido una de las firmas de abogados pioneras en Brasil en modelar proyectos de asociación público-privada, con la celebración del primer contrato en el ámbito municipal en el sector de saneamiento básico. Los proyectos de alianza público-privada presentan una notable complejidad y demandan un cuerpo de abogados con un muy elevado conocimiento técnico para que puedan ser llevados a cabo.

La firma actúa en la concepción del modelado jurídico de la APP, con estructuración de la matriz de riesgos, de la estructura de financiamiento y de las garantías asignadas al proyecto, especialmente en procedimientos de manifestación de interés (PMI) y propuesta no solicitada (PNS). Las fuentes de financiamiento del proyecto para efectos de evaluación de riesgos también son debidamente examinadas, así como la necesaria actuación en la estructuración de las garantías ofrecidas por el socio público, que presentan enorme complejidad en su fijación debido al conocimiento específico que se debe tener en materia de presupuesto público.

Cuando el modelo es desarrollado por el Poder Concedente, la firma asesora a las empresas interesadas en participar de la APP durante toda la fase licitatoria, incluyendo la realización de las audiencias y consultas públicas, el análisis del edicto y de los anexos, de la legislación sectorial de la respectiva unidad federativa. Otro importante cometido se refiere al análisis de la distribución de riesgos acarreados en los proyectos de APP, a fin de auxiliar a las empresas a comprender, con claridad y precisión, la asignación de riesgos previstos en el proyecto y, con ello, ofrecer una fijación de precio más adecuada.

Además, en la fase de licitación del proyecto de alianza público-privada, la firma tiene gran expertise en la elaboración del instrumento de consorcio, de constitución de la respectiva sociedad de propósito específico (SPE), de normas de procedimientos operacionales (NPO), de no divulgación (NDA), de impugnaciones a los entes licitantes y a los Tribunales de Cuentas, de recursos administrativos y del enjuiciamiento de eventuales medidas judiciales destinadas a garantizar la participación de la persona jurídica en el concurso.

Siempre que el edicto proporcione directrices en razón de financiamientos de bancos desarrollistas y organismos multilaterales, es fundamental que se promueva un análisis detallado de esas reglas a fin de adaptar las propuestas técnicas y comerciales a ser ofrecidas en la licitación. Constituye una expertise adquirida por la firma mediante la participación en múltiples proyectos involucrando ese tipo de financiación, que requiere una enorme destreza en la elaboración de los documentos licitatorios, así como en eventuales impugnaciones administrativas a los órganos de control externo (Tribunales de Cuentas y Judiciario).

La competencia de la firma se manifiesta también en la actuación durante toda la ejecución del contrato de alianza público-privada y tiene como finalidad asegurar el desempeño y el resultado contractual deseado. Los retos y las complicaciones que se manifiestan durante la ejecución de estos complejos contratos exigen un seguimiento cuidadoso y detallado, siendo que la firma tiene una experiencia contrastada en este tipo de actuación, incluso cuando ese tipo de conflictos puedan desembocar en arbitraje o mediación. La efectuación de pleitos administrativos, como aquellos relativos al reequilibrio económico-financiero del contrato, ya sea en ambientes regulatorios o directamente para el Poder Concedente, también constituye un ámbito de actuación importante de la firma, que se ocupa de su tramitación hasta su conclusión, mediante decisión administrativa final.

Durante la ejecución del contrato de alianza público-privada, la firma también tiene una actuación destacada en el patrocinio de los procesos que examinan la regularidad de la licitación, del contrato y de los eventuales términos aditivos en trámite ante los Tribunales de Cuentas. En caso de que sea necesario someter eventuales cuestiones al criterio del Poder Judicial, el cuerpo de abogados de la firma se encuentra altamente preparado para el enjuiciamiento de las medidas judiciales competentes, con o sin petición liminar, con su patrocinio hasta las instancias superiores.

Dal Pozzo Advogados tiene una destacada actuación en el sector regulatorio, especialmente prestando consultoría a las empresas privadas que se encuentran sujetas a la incidencia de esa actividad estatal, ya sea por la prestación de servicios públicos en régimen de delegación (concesión o APP), ya sea por el desarrollo de actividad económica.

La actuación de la firma informa engloba también el patrocinio de procesos administrativos en tramitación ante las agencias reguladoras que tengan por objeto la imposición de sanciones administrativas, la interposición de pleito de reequilibrio económico-financiero resultante de reajuste o revisión, de requerimientos administrativos extensivos de derecho, tales como licencias, autorizaciones o cualquier otro tema de interés de las compañías privadas que se encuentren subyugadas a la competencia de esas entidades.

La firma detenta una elevada expertise en la judicialización de decisiones administrativas de las agencias reguladoras, encargándose de patrocinar la demanda desde su enjuiciamiento hasta las instancias superiores. En caso necesario, la firma también podrá pleitear la obtención de una medida liminar, especialmente para suspender eventuales efectos de sanciones aplicadas.

Las relaciones establecidas entre los particulares y los gobiernos pasaron, en los últimos años, con la llegada de múltiples sistemas normativos de lucha contra la corrupción, por una completa transformación. El sistema estadounidense del Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), los Convenios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como el The Bribery Act del Reino Unido, motivaron una verdadera transfiguración de los mecanismos de actuación con los gobiernos.

Todos estos esfuerzos internacionales de lucha contra la corrupción tuvieron como reflejo en Brasil el advenimiento de la llamada Ley Anticorrupción (Ley 12.846, del 1 de agosto de 2013), que estableció las conductas que podrían ser tipificadas como lesivas a la Administración Pública nacional y extranjera, con la aplicación de sanciones severas a las respectivas personas jurídicas. Este texto normativo complementó la legislación ya existente en Brasil de responsabilidad, como la Ley de Improbidad Administrativa, inaugurando un sistema complejo de responsabilidad administrativa.

La firma Dal Pozzo, a la vanguardia de ese movimiento, a través de sus socios fundadores y junto a dos valiosos miembros de su equipo técnico, con el fin de comprender en profundidad ese nuevo sistema normativo y ofrecer a sus clientes la mejor expertise de la materia, publicó, de forma precursora en el derecho brasileño, la primera obra sobre esa temática, que ahora, a causa de su sonado éxito, ya se encuentra en su segunda edición.

Todo ese caudal de conocimiento proporcionó a la firma una expertise diferenciada para ofrecer a los clientes que se relacionan con el Poder Público un efectivo y completo sistema de compliance y programa de integridad para prevenir la ocurrencia de conductas lesivas a la Administración Pública nacional y extranjera y, con ello, reducir los riesgos de responsabilidad de los clientes que establecen negocios públicos.

La actuación de la firma incorpora además la producción de manuales de conductas internas, adecuando las normas de integridad a la realidad de cada corporación, con la creación de mecanismos internos de self cleaning y procedimientos específicos de detección de potenciales conductas lesivas.

También, en la esfera de la consultoría, la firma tiene experiencia en la conducción de negociaciones y en la celebración de acuerdos de lenidad ante las autoridades competentes, en ocasiones necesaria para preservar activos los contratos públicos en ejecución y, con ello, salvaguardar los intereses patrimoniales de la persona jurídica afectada.

La firma defiende los intereses de las empresas privadas una vez instaurado el respectivo proceso administrativo de responsabilidad (PAR) por el Poder Público, promoviendo, de manera categórica y sustancial, todas las piezas de defensa necesarias, incluyendo la producción de las pruebas imprescindibles para el archivo final del caso.

En la esfera judicial, el brillante equipo de contencioso del despacho Dal Pozzo está capacitado para ofrecer la mejor estrategia de defensa a ser utilizada en el caso, por medio de una conducción procesal rigurosa y eficiente, orientada a atender a los objetivos demandados en cada caso concreto.

Dal Pozzo Advogados presenta notable especialización en cuestiones relacionadas con la compleja temática de la concesión de servicios públicos, abarcando su actuación desde la concepción del modelo hasta las cuestiones jurídicas surgidas de la ejecución contractual, siempre de acuerdo con la legislación vigente de concesiones y de la respectiva legislación sectorial.

Con un equipo prestigioso y comprometido, la firma ofrece asesoramiento completo en la concepción del modelo jurídico adecuado al servicio público que el Poder Público pretende delegar, en trabajo desarrollado en perfecta sinergia con consultores técnicos y financieros, ya sea en la participación de procedimientos de manifestación de interés (PMI), ya sea a través de propuestas no solicitadas (PNS).

La firma también asesora a las empresas cuando el proyecto es concebido directamente por el Poder Concedente. En este caso, la asesoría recae sobre el análisis e interpretación de todos los edictos, aunque se trate de la participación de empresas extranjeras en las que hay necesidad de emprender adecuaciones societarias en consonancia con la legislación brasileña y con los requisitos exigidos en el instrumento convocatorio.

Durante la fase de licitación de la concesión, la firma también se ocupa de la elaboración del instrumento para la formación de consorcios, de la constitución de la respectiva sociedad de propósito específico (SPE), de normas de procedimientos operacionales (NPO), de non disclosure agreement (ADN), de impugnaciones a los entes licitantes y a los Tribunales de Cuentas, de recursos administrativos y de enjuiciamiento de eventuales medidas judiciales destinadas a garantizar la participación de la persona jurídica en el concurso.

La actuación de la firma también es incisiva durante la ejecución de los complejos contratos de concesión, sea ante el Poder Concedente, ante las Agencias Reguladoras o ante el poder fiscalizador de las entidades de control, especialmente los Tribunales de Cuentas y los Ministerios Públicos. En la perspectiva de la ejecución contractual, es indispensable que los experimentados abogados realicen el estudio de los riesgos contractuales, con indicación de medidas mitigadoras que permitan atender el desempeño contractual deseado.

Los abogados también ejercen una tarea importante en la actuación con respecto a la elaboración y seguimiento de pleitos de reequilibrio económico-financiero, teniendo en cuenta el análisis de aspectos operacionales y financieros, con el fin de eliminar impactos indeseables en la remuneración de los concesionarios. Por tratarse de contratos de larga duración, es común que la firma actúe en la negociación de las cláusulas contractuales pactadas, con el propósito de mantener la vigencia y la eficiencia de los servicios públicos delegados.

La firma Dal Pozzo reúne destacada experiencia en la actuación relativa al tema de los contratos públicos, ya sean regidos por la Ley de Licitaciones, ya sean disciplinados por leyes específicas, como la Ley de Concesiones, la Ley de las Asociaciones Público-Privadas, el Régimen Diferenciado de Contrataciones (RDC), entre otros textos normativos. Ofrece asesoramiento jurídico altamente especializado a las empresas privadas, reunidas o no en forma de consorcio, para todos los percances ocurridos durante la ejecución contractual. Esta expertise llevó a la firma a diseñar un equipo interno de abogados especialistas en la llamada gestión contractual, especialmente en el campo de obras públicas y servicios de ingeniería. La firma tiene experiencia reconocida en este segmento, tanto para confrontar los obstáculos evidenciados en la operación cotidiana contractual, como también en la gestión estratégica de riesgos, ayudando a las empresas privadas a encontrar soluciones mitigadoras que neutralicen la incidencia de responsabilidades indebidas.

Durante la ejecución del contrato, el equipo de abogados ofrece todo el apoyo jurídico necesario a los gestores de la empresa contratada, especialmente en lo que concierne a la celebración de eventuales términos aditivos, elaboración de pleitos administrativos, solicitudes de reequilibrio económico-financiero y la conducción de procesos administrativos de responsabilidad, siempre en sintonía con el posicionamiento estratégico empresarial de sus accionistas.

La firma también actúa en el enjuiciamiento y en el acompañamiento estratégico de medidas judiciales iniciadas a lo largo de la ejecución contractual, especialmente para salvaguardar a la empresa de eventuales sanciones que puedan ser impuestas por el poder público o para hacer valer su derecho al reequilibrio económico-financiero e incluso para promover la suspensión o el cierre de las actividades contractuales, cuando sea el caso.

Al trabajar en procesos de mediación y arbitraje, nacional e internacional, con el fin de salvaguardar los derechos de la empresa en la relación jurídico-contractual, la actuación de la firma ya sentó precedentes importantes en el Derecho brasileño con resultados extremadamente favorables en experiencias pasadas, consiguiendo inhibir comportamientos indebidos por parte de la Administración Pública.

La firma tiene amplia experiencia en dirimir conflictos entre las empresas integrantes de consorcio, especialmente cuando ese conflicto interfiere en la correcta ejecución contractual, tomando las medidas cautelares necesarias para que el contrato pueda llegar a buen término, sin secuelas de aplicación de penalidades contractuales.

La conducción estratégica de los negocios de empresas que se relacionan con entes públicos a través de contratos administrativos exige una consultoría corporativa incisiva en asuntos de derecho empresarial y societario, de cara a evitar la asunción de riesgos desconocidos y la aplicación de repercusiones sancionadoras indeseables.

La red de contratos de derecho privado que soporta los contratos públicos demanda un cuidado especial en la redacción de sus cláusulas, que debe armonizarse con la estrategia de la empresa en la conducción del respectivo negocio público, vislumbrando escenarios de riesgos para que puedan ser mitigados. La Firma tiene una gran expertise en la elaboración de contratos privados que tengan por objeto toda la cadena de suministros imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos públicos.

Los aspectos societarios son fundamentales, no sólo por las exigentes estructuras de control y gobernanza impuestas en contratos a largo plazo, tal como ocurre en las concesiones y alianzas público-privadas, sino también por la necesidad de disciplinar la interrelación de los accionistas que participan de dichas compañías. La participación del despacho en la constitución y mantenimiento de la Sociedad de Propósito Específico (SPE) es imprescindible para evitar escenarios disruptivos y reducir la potencialidad de conflictos internos y externos.

Si las empresas están participando en licitación o ejecutando el emprendimiento público en forma de consorcio, también es de crucial importancia que la firma conduzca su asesoramiento, especialmente, desde la elaboración del instrumento de consorcio, documento cardinal que disciplinará, cuidadosamente, las relaciones internas y las responsabilidades asumidas ante el Poder Público; en la redacción de eventuales alteraciones del instrumento de consorcio y sus impactos ante el Poder Público; en la elaboración de las normas de procedimientos operativos (NPO); en el formato del non disclosure agreement (NDA),en definitiva, en la cadena de documentos indispensables para un desenlace contractual estable y que permita a los consorciados la obtención de los resultados deseados.

El Derecho Financiero tiene la importancia fundamental de garantizar que el Estado pueda promover la ejecución de todos sus requerimientos previstos en la Constitución Federal y en las normas infraconstitucionales. Para ello, se ocupa de examinar el control constitucional del presupuesto público, los principios presupuestarios, la ejecución y elaboración del presupuesto, de la gestión de los recursos públicos, así como de las respectivas leyes presupuestarias como parte fundamental de una planificación estatal responsable.

La firma Dal Pozzo Advogados presta asesoría jurídica en materia de Derecho Financiero y presupuesto público a los entes públicos y también a los particulares que de alguna forma tengan interés en la comprensión de la temática en base a las reglas presupuestarias que disciplinan los contratos públicos por ellos establecidos.

La actuación en esta destacada área de la firma se circunscribe a los entes públicos y a los agentes de la Administración Pública principalmente en la conducción de procesos que examinan la regularidad de las cuentas anuales en tramitación ante los Tribunales de Cuentas, a la fiscalización financiera y presupuestaria promovida por el Poder Legislativo y también a los demás órganos de control externo y control social.

La firma cuenta con reputados especialistas versados en Ciencias de las Finanzas para contribuir con elementos técnicos necesarios a aclarar eventuales anotaciones en sede de defensa administrativa ante el Tribunal de Cuentas y en los demás órganos de control. Se trata de profesionales extremamente rigurosos y que poseen una comprensión inusual del fenómeno sistemático y complejo que constituyen los gastos públicos.

En consultoría promovida en procesos relativos a la estructuración de proyectos de alianzas público-privadas, el conocimiento del área también es fundamental, con el fin de promover los estudios necesarios para la aplicación de las leyes presupuestarias y, también, de las normativas concebidas en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal al proyecto.

Los abogados especialistas en la materia ostentan un conocimiento inusual de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley Complementaria 101/00), un texto normativo fundamental que trata de la planificación responsable y transparente de la acción gubernamental, preconizando el equilibrio de las cuentas públicas por medio de la adopción de límites y condiciones para renunciar a ingresos y gastar recursos públicos.

Los trabajos desarrollados por la firma también comprenden la actuación en procesos judiciales con enfoque en la misma materia con observación de todas las normas que sistematizan el Derecho Financiero y el control presupuestario.

El Derecho Financiero tiene la importancia fundamental de garantizar que el Estado pueda promover la ejecución de todos sus requerimientos previstos en la Constitución Federal y en las normas infraconstitucionales. Para ello, se ocupa de examinar el control constitucional del presupuesto público, los principios presupuestarios, la ejecución y elaboración del presupuesto, de la gestión de los recursos públicos, así como de las respectivas leyes presupuestarias como parte fundamental de una planificación estatal responsable.

La firma Dal Pozzo Advogados presta asesoría jurídica en materia de Derecho Financiero y presupuesto público a los entes públicos y también a los particulares que de alguna forma tengan interés en la comprensión de la temática en base a las reglas presupuestarias que disciplinan los contratos públicos por ellos establecidos.

La actuación en esta destacada área de la firma se circunscribe a los entes públicos y a los agentes de la Administración Pública principalmente en la conducción de procesos que examinan la regularidad de las cuentas anuales en tramitación ante los Tribunales de Cuentas, a la fiscalización financiera y presupuestaria promovida por el Poder Legislativo y también a los demás órganos de control externo y control social.

La firma cuenta con reputados especialistas versados en Ciencias de las Finanzas para contribuir con elementos técnicos necesarios a aclarar eventuales anotaciones en sede de defensa administrativa ante el Tribunal de Cuentas y en los demás órganos de control. Se trata de profesionales extremamente rigurosos y que poseen una comprensión inusual del fenómeno sistemático y complejo que constituyen los gastos públicos.

En consultoría promovida en procesos relativos a la estructuración de proyectos de alianzas público-privadas, el conocimiento del área también es fundamental, con el fin de promover los estudios necesarios para la aplicación de las leyes presupuestarias y, también, de las normativas concebidas en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal al proyecto.

Los abogados especialistas en la materia ostentan un conocimiento inusual de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley Complementaria 101/00), un texto normativo fundamental que trata de la

planificación responsable y transparente de la acción gubernamental, preconizando el equilibrio de las cuentas públicas por medio de la adopción de límites y condiciones para renunciar a ingresos y gastar recursos públicos.

Los trabajos desarrollados por la firma también comprenden la actuación en procesos judiciales con enfoque en la misma materia con observación de todas las normas que sistematizan el Derecho Financiero y el control presupuestario.

La actuación en el área de expropiación como medida obligatoria de privación de la propiedad de los particulares tiene una importancia fundamental, habida cuenta de la necesidad de promover la justa y previa indemnización del bien expropiado. Su campo de actuación práctica es mayor en las expropiaciones relativas a bienes inmobiliarios que sean utilizados por el Estado para justificada utilidad pública. La legislación expropiatoria es considerablemente antigua en el derecho brasileño (1941), lo que causa muchas veces innumerables perplejidades en la aplicación y conducción de los casos concretos que son sometidos al criterio de la firma, siendo necesario el conocimiento efectivo de la práctica y de la jurisprudencia para que los procesos puedan llevarse a buen término.

La firma tiene amplia experiencia en asesoría jurídica en procesos administrativos y judiciales que tengan por objeto la expropiación de bienes inmuebles, ya sea actuando para el Poder Público, ya sea actuando para el particular expropiado. Esta actuación comprende todas las fases del proceso administrativo o judicial, con la producción de los necesarios laudos periciales evaluadores hasta que se promueve, con absoluto rigor formal y procedimental, la fijación del valor justo del respectivo inmueble.

Para ello, la firma cuenta con un prestigioso equipo de expertos con elevada experiencia en la evaluación de inmuebles por todo Brasil, cuyo trabajo principal es identificar, por medio de métodos adecuados, el justo valor a ser fijado para el inmueble expropiado.

La firma tiene una notable actuación en el sector de expropiación en relación a las concesionarias de servicio público que, en la mayoría de las veces, tienen el encargo de promover las acciones materiales de expropiación para liberación de los frentes de obras necesarias para que sus contratos puedan ser cumplidos dentro de los plazos estipulados por el Poder Concedente. Es común que las concesionarias presenten elevados pasivos expropiadores por cuenta de esas obligaciones contractuales, siendo necesaria una actuación eficiente y operativa en relación a los procesos para que los valores adecuados sean fijados judicialmente, especialmente si es necesaria la inmediata inmisión en la posesión.

Desde el advenimiento de la Ley de Improbidad Administrativa (Ley nº 8.429 / 92), la firma se ha dedicado a la defensa de los agentes públicos, de particulares y de empresas privadas involucradas en acciones civiles de responsabilidad por acto de improbidad administrativa. Los cargos ocupados por el socio Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo en el Ministerio Público del Estado de São Paulo le proporcionaron la oportunidad de acompañar de cerca los principales debates sobre el proyecto de ley que dio origen a la actual Ley de Improbidad Administrativa. Esta ocasión única le ha proporcionado una enorme experiencia, con un conocimiento expresivo de los principales problemas interpretativos y de aplicación concreta de su régimen jurídico.

La destacada actuación de la firma en esa esfera se inicia cuando es instaurada la respectiva investigación civil por el Ministerio Público, constituyéndose un momento importante para establecer la estrategia de defensa a ser interpuesta, así como el levantamiento de las pruebas necesarias para comprobar cuánto será objeto de demostración fáctica. En múltiples ocasiones, la presentación transparente e idónea de informaciones adecuadas al Ministerio Público puede significar el archivo de la investigación y el cese inmediato de un riesgo inminente de acción.

En el caso de que la acción sea efectivamente propuesta y acumulada con solicitud de indisponibilidad de bienes, de decretación de quiebra de secreto bancario, fiscal y telefónico o nombramiento de administrador judicial, es importante que se promueva una reacción inmediata y defensiva a la decisión, de manera que se aclaren las cuestiones suscitadas, evitando que tales medidas, de extrema gravedad, puedan producir efectos negativos en la esfera jurídica del implicado.

En la mayoría de los casos, la actuación de la firma logra reducir significativamente los impactos financieros planteados inicialmente por el Ministerio Público y también demostrar el incumplimiento de la aplicación de las sanciones previstas por la ley. Para la consecución de estos objetivos, la firma se vale de todas las medidas defensivas previstas en la legislación procesal.

En razón del alcance de la Ley de Improbidad Administrativa, la firma actúa de manera preventiva, ofreciendo asesoramiento a aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en conocer con mayor profundidad la ley, a fin de evitar que la práctica de ciertas conductas pueda dar lugar a la configuración de acto de improbidad administrativa, con todas las graves sanciones que le son derivadas.

La instauración de una investigación civil por el Ministerio Público pretende determinar elementos de convicción para el enjuiciamiento de eventuales medidas judiciales que estén a su cargo, como, por ejemplo, la acción civil pública o la acción de improbidad administrativa.

Conforme a lo dispuesto en la Resolución nº 23, de 17 de septiembre de 2007, del Consejo Nacional del Ministerio Público, la investigación será instaurada por medio de Ordenanza, para la verificación de hechos determinados. En el ámbito del Estado de São Paulo, la materia es disciplinada por la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Complementaria 734, de 26 de noviembre de 1993), un texto legal cuya concepción contó con la participación activa del socio fundador Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo.

En el ámbito de actuación en investigación civil, la firma tiene reconocida experiencia, promoviendo la elaboración de la defensa del cliente, así como la realización de eventuales diligencias necesarias para demostrar, con toda la credibilidad, la situación fáctica y jurídica del caso concreto, de forma que los derechos de la persona jurídica o física implicada sean debidamente salvaguardados, con el archivo final por la Fiscalía de Justicia y, posteriormente, por el respectivo Consejo Superior.

Para ello, es fundamental que todos los documentos que de alguna manera puedan ser importantes para el desenlace de la investigación sean examinados cuidadosamente por el equipo técnico de la firma, sin perjuicio de la producción de todas las pruebas necesarias en ese ámbito, aptas para demostrar lo innecesario del enjuiciamiento de medidas judiciales de responsabilidad.

La instauración de la investigación civil puede realizarse por medio del envío de oficio del Tribunal de Cuentas informando sobre el eventual juicio por la irregularidad de licitaciones y contratos administrativos. En este particular, es fundamental que sea conocida la integralidad del proceso en trámite en la Corte de Cuentas para que se pueda promover una defensa adecuada en el ámbito ministerial, que demuestre efectivamente la inexistencia de conductas que puedan recibir cualquier recriminación judicial.

La firma también ostenta una elevada experiencia en la conducción de los Términos de Ajuste de Conducta (TAC), de cualquier naturaleza, con el fin de finalizar eventuales investigaciones por la asunción de obligaciones que vengan a disuadir el enjuiciamiento de posibles medidas judiciales por el Ministerio Público.

Dal Pozzo Advogados ha sido uno de los despachos de abogacía pioneros en Brasil en modelar proyectos de alianza público-privada (APP), dando lugar a la celebración del primer contrato en ámbito municipal en el sector de saneamiento básico. Los proyectos de alianza público-privada son de una complejidad excepcional y demandan un cuerpo de abogados de elevado conocimiento técnico para que se lleven a cabo.

El despacho actúa en la concepción del modelamiento jurídico de esta APP, con la estructuración de la matriz de riesgos, la estructura de financiación y las garantías asignadas en el proyecto, especialmente en procedimientos de manifestación de interés (PMI) y propuesta no solicitada (PNS). Las fuentes de financiación del proyecto para efectos de evaluación de riesgos también son debidamente examinadas, además de la necesaria actuación en la estructuración de las garantías ofrecidas por la parte pública, que posee una enorme complejidad en su fijación por fuerza del conocimiento específico que se debe tener en materia de presupuesto público.

Cuando el modelamiento se concibe por el Poder Concedente, el despacho asesora a las empresas interesadas en participar de la APP durante toda la fase licitatoria, incluyendo la realización de las audiencias y consultas públicas, el análisis del edicto y de los anexos, del legislación sectorial de la respectiva unidad federativa. Otro importante trabajo se refiere al análisis de la distribución de riesgos presentados en los proyectos de la APP, de manera que auxilie a las empresas a comprender, con claridad y precisión, la asignación de riesgos previstos en el proyecto y, con ello, ofrecer una fijación de precios más adecuada.

Asimismo, durante la fase de licitación del proyecto de alianza público-privada, el despacho posee una enorme experiencia en la elaboración del instrumento de consorcio, de la constitución de la respectiva sociedad de propósito específico (SPE), de las normas de procedimientos operacionales (NPO), del non disclosure agreement (NDA), de las impugnaciones a los entes licitantes y a los Tribunales de Cuentas, de los recursos administrativos y del enjuiciamiento en eventuales medidas judiciales destinadas a garantizar la participación de la persona jurídica en el concurso.

Siempre que el edicto conlleve guide lines en razón de financiaciones de bancos desarrollistas y organismos multilaterales, es fundamental que se promueva un análisis preciso de las reglas de manera que se adecúen a las propuestas técnicas y comerciales que deben ofrecerse en la licitación. Se trata de una especialización que el despacho adquirió por la participación en numerosos proyectos conteniendo este tipo de financiación, que demanda una enorme destreza en la elaboración de los documentos licitatorios, así como eventuales impugnaciones administrativas a los órganos de control externo (Tribunales de Cuentas y Judiciario).

El desempeño del despacho comprende, asimismo, la actuación durante toda la ejecución del contrato de la alianza público-privada y tiene como finalidad asegurar el desempeño y el resultado contractual deseados. Los desafíos y dificultades experimentados durante la ejecución de estos complejos contratos exigen un seguimiento riguroso y minucioso, por lo que el despacho detenta una experiencia inequívoca en este tipo de actuación, incluso cuando tales conflictos puedan desembocar en arbitraje o mediación. La concreción de pleitos administrativos, como aquellos que envuelven el reequilibrio económico-financiero del contrato, ya sean en ambientes regulatorios o directamente junto al Poder Concedente, también es una faceta de actuación importante del despacho, que se ocupa desde su tramitación, hasta su esclarecimiento mediante decisión administrativa final.

Durante la ejecución del contrato de alianza público-privada, la el despacho también se ha destacado por su actuación en el patrocinio de los procesos que examinan la regularidad de la licitación, del contrato y de los eventuales anexos en la tramitación junto a los Tribunales de Cuentas. Si se hiciera necesario someter eventuales cuestiones al examen del Poder Judiciario, el cuerpo de abogados del despacho se encuentra altamente preparado para el enjuiciamiento de las medidas judiciales competentes, con o sin pedido previo, con su patrocinio hasta las instancias superiores.

Los métodos consensuales de solución de conflictos vienen siendo cada vez más utilizados en nuestra sociedad, poniendo el foco en la necesidad de celeridad en la solución de la controversia. Dentro de esa evolución, se preconiza la necesidad de que el instituto también sea utilizado en el ámbito de la Administración Pública. La novísima ley 13.140, de 26 de junio de 2015, busca trazar el perfil normativo de la mediación exactamente en ese ámbito, a fin de conferir la necesaria seguridad jurídica para un tema polémico en el ámbito doctrinal y jurisprudencial.

En su calidad de Presidente del Instituto Brasileño de Estudios Jurídicos de la Infraestructura (IBEJI), el socio Augusto Neves Dal Pozzo ha realizado todos los esfuerzos en el sentido de promover la mediación como instrumento absolutamente útil y operativo en la resolución de conflictos en el sector, salvaguardando el interés público y también dinamizando la actuación de la Administración Pública con un alto grado de eficiencia.

La firma Dal Pozzo, por creer que la mediación puede ser un instrumento importante para la solución de controversias ante la Administración Pública, precisamente por ser concebido dentro de un modelo autocompositivo, promovió una serie de vínculos institucionales con los más importantes Centros de Mediación, a fin de posibilitar que los derechos inherentes derivados de contratos públicos puedan salvaguardarse.

La actuación de la firma concierne a la preparación de documentos y argumentos necesarios para que el proceso de mediación sea llevado a buen término y con ello pueda ser dirimida la cuestión con alto grado de eficiencia. Las materias tratadas en la mediación afectan principalmente cuestiones relacionadas con ejecución de contratos públicos de infraestructura, cubriendo especialmente pleitos de reequilibrio económico-financiero.

El Procedimiento de Manifestación de Interés (PMI) y la Propuesta No solicitada (PNS) son instrumentos jurídicos de colaboración de iniciativa privada que han sido utilizados de manera notablemente exitosa por la Administración Pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

La legislación federal autoriza que los particulares contribuyan con la Administración Pública mediante la elaboración de propuestas concretas de modelado de proyectos de infraestructura que tengan por objetivo salvaguardar determinado interés público y proveer un atractivo económico para atraer futuros interesados y, con ello, consolidar un ciclo virtuoso e interdependiente entre el sector público y el sector privado. Este diálogo, típico de un modelo actual de Administración Participativa, debe ser pautado por los más rigurosos sistemas de compliance y transparencia, a fin de favorecer entre el sector público y el privado un espíritu colaborativo, convergente y, sobre todo, ético.

El despacho Dal Pozzo ostenta una reconocida actuación en el asesoramiento de empresas nacionales y extranjeras en la preparación de los documentos necesarios para viabilizar la participación en el Procedimiento de Manifestación de Interés (PMI) y en la propuesta no solicitada (PNS).

La actuación incorpora la asesoría jurídica de la empresa desde el inicio del procedimiento, mediante la confección de todos los documentos necesarios para su participación y también la preparación del modelo jurídico que será ofrecido al ente público para la concepción del proyecto. La reconocida expertise de los abogados del sector de infraestructura de la firma, liderada por la presencia marcante del socio fundador Augusto Neves Dal Pozzo, una de las mayores autoridades de la materia en Brasil, otorga un conocimiento singular que indiscutiblemente contribuirá a que la Administración Pública elija el modelo que refleje la participación del despacho, por su elevada credibilidad.

Es importante reseñar que el citado socio, además de promover actuaciones prácticas en el sector con elevadísima experiencia en innumerables proyectos de infraestructura llevados a cabo en Brasil y en el exterior, posee estudios académicos altamente reconocidos en ese ámbito. Su trabajo sobre PMI es citado como una referencia nacional en el estudio titulado » Structuring PPP’s and Concession Projects in Brazil: diagnosis of the Brazilian Model and Proposals for Betterment», llevado a cabo por el Banco Nacional de Desarrollo – BNDES y la Corporación Internacional de Financiamiento (IFC) del Banco Mundial, además de haber cursado la más importante formación ejecutiva del mundo en infraestructura en la prestigiosa escuela de gobierno de la Harvard Kennedy School.

La actuación de la firma también es marcante en proyectos relativos a la colaboración espontánea de la empresa en la legítima expectativa de poder establecer una futura alianza, la denominada Propuesta No Solicitada (PNS). Su valioso equipo técnico cuidará de todos los detalles para que la empresa, dentro de los más rigurosos estándares de compliance y transparencia, ofrezca propuestas que contribuyan con una iniciativa capaz de atender los deseos de la colectividad.

Los procesos administrativos sancionadores (PAS) y los procesos administrativos disciplinares (PAD) instaurados por la Administración Pública de cualquiera de los ámbitos, por plantear la posibilidad de restringir la esfera de derecho de los particulares mediante la aplicación de rigurosas sanciones, requieren una actuación de la abogacía extremamente cautelosa y operativa.

En lo referente a los procesos administrativos sancionadores (PAS), la actuación de la firma se encuentra bajo la competencia del ingenioso equipo de contencioso administrativo, dirigiéndose su actuación especialmente a prevenir la imposición de sanciones derivadas de contratos públicos celebrados por las empresas. En consecuencia, es fundamental que se ofrezcan todos los argumentos de defensa, así como los recursos administrativos adecuados, la producción de las pruebas periciales necesarias, en definitiva, que se adopten todas las providencias necesarias para salvaguardar la esfera jurídica de las empresas.

En caso de que, al final, sea promovida la imposición de sanciones administrativas injustas, el contencioso del despacho se acciona para juzgar las medidas necesarias para la suspensión de los efectos nocivos de la sanción y para, al final del proceso, dejar completamente sin efecto la sanción aplicada, a fin de salvaguardar la esfera de responsabilidad de la compañía.

En lo referente a la actuación en procesos administrativos disciplinarios (PAD), que tienen por objeto determinar la responsabilidad administrativa de un funcionario por infracción practicada en el ejercicio de sus atribuciones funcionales, es fundamental que la firma actúe de manera diligente y combativa para garantizar que el proceso se tramite dentro de los plazos y formalidades legales y que los argumentos de defensa y las pruebas producidas sean analizadas con efectividad por la Administración Pública, a fin de facilitar una decisión final correcta.

Del mismo modo, la firma puede promover la defensa de agentes públicos en situación de investigación instaurada por la Administración Pública, comprobando la existencia de hechos ilícitos que puedan promover futuras sanciones administrativas disciplinarias.

También en el caso de los procesos administrativos disciplinarios (PAD) puede ser necesario que la oficina emprenda el enjuiciamiento de medidas judiciales durante su tramitación o a su término, de forma que las decisiones administrativas puedan ser reformadas por el Poder Judicial, protegiéndose, de esta manera, la incolumidad jurídica del respectivo agente público.

El propósito de concretizar la ambición por una infraestructura de calidad y unos servicios públicos excelentes debe afrontar una cuestión bastante compleja y, en ocasiones, poco discutida: la financiación de las inversiones.

Independientemente de su tamaño, los proyectos estructurados que implican modelos de concesiones y alianzas público-privadas exigen el aporte de expresivas cantidades a modo de inversión y es una práctica ya consolidada en el mercado, el impulso por medio de instrumentos que se aproximan mucho al concepto de project finance.

En este sentido, es indispensable contar con una asesoría jurídica especializada para la toma de decisión en cuanto al modelo de financiación a ser contratado para la realización de inversiones en concesiones y alianzas público-privadas, dada la necesidad de evaluación de los riesgos implicados, tanto para la Sociedad de Propósito Específico – SPE, como para sus accionistas.

La Firma tiene amplia experiencia en el asesoramiento y en el apoyo a la obtención y celebración de contratos de mutuo destinados a la financiación de proyectos de infraestructura para que éstos se desarrollen en un escenario de seguridad, fiabilidad, previsibilidad y estabilidad. La gestión adecuada de los riesgos de naturaleza jurídica y política contribuye a garantizar que los beneficios sociales y económicos puedan alcanzarse.

La conducción de proyectos de infraestructura afronta la necesidad de analizar, estratégicamente, los impactos ambientales incidentes, los cuales se encuentran disciplinados y fiscalizados de manera cada vez más rigurosa en Brasil, tanto por su importancia estratégica, como para atender el afán de sostenibilidad exigido por el orden moderno internacional. La preocupación de los gobiernos y de las empresas que actúan en el sector en el país tiene, como premisa básica, la promoción de una infraestructura sostenible, que no agreda el medio ambiente y que promueva mejores condiciones de vida para la población.

La Firma defiende, obstinadamente, esa bandera, apelando, como una de sus principales preocupaciones en su actuación, al desafío de la sustentabilidad. Bajo ese principio rector, ofrece soluciones jurídicas estratégicas que consoliden la instrumentación ambiental necesaria para el desarrollo adecuado de los proyectos en marcha.

Para ello, está habilitada para ofrecer asesoramiento cualificado en derecho ambiental a las empresas que actúan en emprendimientos públicos, especialmente en la obtención de las licencias ambientales necesarias; en la evaluación de exposición a riesgos derivados de pasivos ambientales y sus consecuencias jurídicas en el marco del contrato público firmado; en la gestión de crisis que puedan repercutir negativamente ante la opinión pública y los órganos ambientales y de control; en la conducción de investigaciones civiles y la celebración de los Términos de Ajuste de Conducta ante el Ministerio Público para solucionar controversias ambientales que puedan poner en riesgo la actividad de la empresa y en el enjuiciamiento de medidas judiciales estratégicas que impliquen cuestiones ambientales complejas.

El despacho Dal Pozzo es una de las mayores autoridades en la actuación ante los Tribunales de Cuentas, sean de los Municipios, de los Estados o de la Unión. Esa experiencia única fue adquirida por medio de una actuación prolongada e intensiva en esas Cortes. La práctica ante los Tribunales de Cuentas exige, además de una elevada expertise en la materia, que es notablemente específica y compleja, la comprensión detallada del funcionamiento interno procedimental de esas Cortes, así como el seguimiento de su jurisprudencia y de sus súmulas.

El trabajo desarrollado por la firma comprende específicamente la elaboración de exámenes previos de edicto en licitaciones en proceso de tramitación; la realización de manifestaciones, defensas, sustentación oral, justificativas, memorias, pruebas periciales y recursos en procesos que analizan la regularidad de licitaciones y contratos, así como de eventuales términos aditivos; seguimiento de ejecución contractual en grandes proyectos de infraestructura (concesión y alianza público-privada); y finalmente, en los procesos de cuentas, en que el nivel de conocimiento técnico en Derecho Financiero y presupuesto público es fundamental para que se puedan alcanzar los resultados esperados.

La actuación de la firma ante los Tribunales de Cuentas requiere una estructura adecuada y especializada en realizar el seguimiento presente de los procesos en tramitación en las Cortes de Cuentas, desde las asesorías técnicas especializadas hasta el último grado recursal, si es necesario. Las incidencias resultantes de decisiones finales de los Tribunales de Cuentas también son objeto de actuación del despacho Dal Pozzo, especialmente en relación a aquellas que tienen repercusión directa en las esferas de interés de las personas físicas y jurídicas involucradas, incluyendo la eventual judicialización del asunto para garantizar el principio constitucional del acceso sin restricciones a la justicia, de la amplia defensa, del contradictorio y del control judicial de los actos administrativos.

Los desafíos de orden tributario que se plantean para las empresas que actúan en Brasil actualmente son multidimensionales. La compleja legislación incidente y los organismos públicos de fiscalización tributaria demandan una atención especial y cuidadosa de las empresas para que puedan desarrollar su actividad económica sin perjuicios y con seguridad jurídica.

La Firma cuenta con una elevada experiencia para atender las necesidades de nuestros clientes en el área tributaria, con participación activa de nuestro equipo de abogados en materia consultiva, en contencioso administrativo, en tribunales administrativos y en el Poder Judicial.

En múltiples ocasiones, las cuestiones tributarias son objeto de pleitos administrativos de revisión contractual extraordinaria para recomponer su equilibrio económico-financiero, siendo fundamental que el origen del desajuste financiero sea debidamente definido y fundamentad para los respectivos órganos públicos contratantes.

La judicialización de esos pleitos, cuando no reconocidos administrativamente, también es objeto de actuación fundamental de la Firma, siempre con el propósito de salvaguardar los intereses patrimoniales de la compañía implicada y de evitar la aparición de emisión de certificaciones positivas de deuda que puedan perjudicar la participación en futuros procesos licitatorios.

Las perplejidades tributarias implicadas por la actuación de las concesionarias de servicios públicos también forman parte de la alta expertise de la Firma, que detenta todo el aparato necesario para cuestionar y llevar a efecto demandas de naturaleza tributaria que puedan ocurrir durante la ejecución de los contratos públicos.

El enjuiciamiento de ejecuciones fiscales derivadas de multas aplicadas por el Poder Público también es objeto de una actuación incisiva de la Firma, que, en múltiples ocasiones, prefiere promover el cuestionamiento judicial de la multa antes de que la ejecución fiscal sea propuesta, a fin y efecto de evitar problemas de orden tributario que puedan perjudicar la actuación libre de la empresa o de sus socios.